El Día Internacional de los Trabajadores fue celebrado ayer en Nicaragua principalmente con la movilización de los sindicalistas que pertenecen al partido FSLN, están al servicio del Gobierno y obligan a los empleados públicos a participar bajo amenaza de despido o castigo disciplinario.
Por eso los diputados del partido MRS, que forman parte de la bancada parlamentaria opositora del PLI, presentaron en la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley Especial de Dignificación de los Servidores Públicos, para que no los sigan obligando a cotizar para el FSLN y los sindicatos patronales ni a participar por la fuerza en las celebraciones políticas y “sindicales” del régimen orteguista.
La iniciativa es buena y necesaria, sin duda, pero solo se podrá aprobar y poner en práctica cuando en Nicaragua vuelva a haber un gobierno democrático.
En vísperas de la celebración del Primero de Mayo, la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció que durante los nueve años del actual régimen orteguista, casi 28 mil empleados públicos han sido despedidos. En su gran mayoría fueron despedidos sin justificación legal, en muchos casos por no querer afiliarse al partido de gobierno y los sindicatos oficialistas. Y de remate el Gobierno ni siquiera les ha pagado las liquidaciones a las que tienen derecho, a pesar de que en muchos casos hay sentencias judiciales de por medio.
La peor desgracia que pueden sufrir los trabajadores en tanto que gremios, tanto del sector público como de la empresa privada, es que los sindicatos no sean independientes se les subordine a los intereses de la patronal, sea estatal o privada.
Un movimiento sindical que carece de independencia no es verdadero sindicalismo. En la antigua Unión Soviética los sindicatos estaban sometidos , eran “correas de transmisión” del Partido Comunista y del Estado y no se permitía la organización laboral independiente. De la misma manera funciona el sindicalismo en Cuba, y también en Nicaragua, donde el movimiento sindical es oficialista salvo algunos pequeños sindicatos que son marginados por el Estado y el Gobierno.
Nicaragua es parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en una resolución de su conferencia general en 1952 determinó que “es indispensable preservar en cada país la libertad y la independencia del movimiento sindical, a fin de que este último pueda llenar su misión económica y social, independientemente de los cambios políticos que puedan sobrevenir”. Pero el régimen orteguista no respeta ese compromiso internacional.
Restablecer y respetar la independencia sindical es una tarea que deberá cumplir el gobierno democrático que sustituya a la actual dictadura de Daniel Ortega.