¿Cambiará Ortega de dirección, permitiendo que el poder electoral haga las reformas necesarias para garantizar elecciones limpias? Gran parte de la nación, y de la misma comunidad internacional, están a la expectativa de su repuesta. Tiempo atrás lo solicitó la Comunidad Europea. Luego lo pidieron los obispos, Cosep, y los partidos políticos. Hoy es un anhelo compartido por más del 80 por ciento de la población, incluyendo sandinistas.
Ojalá responda positivamente. He aquí cinco poderosas razones: Primera; porque es un anhelo justo, inobjetable. ¿Quién puede oponerse a que un país cuente con un sistema electoral honesto, cuyas medidas y conteos garanticen el más pleno respeto a la voluntad popular? Segunda; porque es un imperativo democrático. ¿Qué democracia, o poder del pueblo, puede haber, si el poder electoral no refleja fielmente sus escogencias? Tercera; porque es indispensable para la convivencia pacífica. ¿Cuántas veces no se ha roto la paz cuando los gobiernos violentan la voluntad popular o cierran las puertas a procedimientos democráticos? Cuarta; porque lo exige el respeto a los derechos humanos. ¿Qué respeto puede haber, al hombre o la mujer, cuando se le niega el derecho a escoger libremente a sus autoridades, o cuándo se le falsea su voluntad?
Pero quizás sea la quinta, la razón más poderosa, para que responda positivamente: el hecho que hacerlo, o no hacerlo, definirá, en gran medida, la clase de persona que es. Trampear en los comicios, negarse a jugar limpiamente, robar votos, esconder resultados, adulterar los conteos, son actos profundamente inmorales. No solo los diez mandamientos bíblicos prohíben robar o mentir, sino prácticamente todos los códigos morales del mundo y sus respectivas legislaciones. Hacerlo es universalmente repugnante. Más aún cuando implica la violación al derecho de millares de personas y pone en peligro la paz social.
Es importante que tanto Daniel Ortega, como su partido y seguidores, se compenetren de las implicaciones morales y políticas que tendrá la decisión que tome respecto a la reforma del poder electoral. Si satisface las exigencias mínimas de un proceso electoral honesto y transparente, estaría dando una señal muy positiva de respeto a las reglas del juego. Elevaría su estatus de estadista y apuntalaría la institucionalidad del país, contribuyendo así a crear un horizonte despejado y propulsor del progreso.
Si, por el contrario, Ortega impide u obstaculiza la existencia de un poder electoral independiente, profesional y honesto, ¿no estaría demostrando ante la faz de la nación, y del mundo entero, que es un gobernante perverso, inmoral, e incluso cínico? Suena duro, pero es verdad; ¿pues no estaría proclamando que su profesión de cristianismo es pura hipocresía, cuando está dispuesto a robarle al pueblo votos, para meterlos en su casilla?
En este último caso, que no es el escenario deseado, habría además otras repercusiones que oscurecerían el futuro. Es cierto que, por un tiempo, Ortega podría seguir presidiendo un país con buenas tasas de crecimiento económico, para contento de ricos y pobres, como ocurrió bajo el somocismo. Pero tendríamos una química con ingredientes similares: un gobernante sin escrúpulos, que controla todos los poderes del Estado, que maneja junto con su camarilla un emporio económico, con tendencia a expandirse, y que no está dispuesto a someterse al voto popular, libremente expresado. Tarde o temprano, como demuestra la historia, estos ingredientes estarán listos para desatar la reacción que culmine en el concebido torbellino de corrupción y conflictos.
Es mucho lo que está en juego en el proceso electoral: la definición moral del gobernante y un horizonte con sol brillante, o negros nubarrones. Ojalá responda positivamente.
El autor fue ministro de educación y rector de Ave María College.
