El Gobierno ordenó vía decreto un aumento de hasta un sesenta por ciento en la pensión reducida que se paga a unos 32,500 adultos mayores que no completaron las 750 semanas cotizadas requeridas por ley para gozar de una pensión completa.
Rosario Murillo, coordinadora de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia, dijo ayer en su habitual intervención de mediodía en medios oficialistas que este aumento implicará que el INSS eleve de 55 millones de córdobas a 80 millones de córdobas el cumplimiento de esta obligación con estos pensionados.
C$889.7 millones de córdobas ascendió el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pese a la reforma paramétrica que se aplicó en este instituto para salvarlo de la quiebra a corto plazo.
“Estamos hablando de 32,500 familias que estarán recibiendo a partir de este mes de junio su pensión incrementada con el compromiso y el cumplimiento de nuestro comandante Daniel de asegurar los procesos de restitución de derechos a las familias nicaragüenses”, indicó Murillo.
En realidad, los adultos mayores demandaron esa pensión durante seis años y tuvieron que esperar dos años más para que la Asamblea Nacional la contemplara en una ley.
El incremento, precisó Murillo, se hará efectivo a partir de junio. En La Gaceta aparecen reflejados los montos que deben ser pagados según el número de semanas cotizadas, cuyos rangos fueron ampliados.
De esta manera, la pensión reducida mínima pasó de 1,200 córdobas a 1,910 córdobas; y la máxima pasó de 2,800 córdobas a 3,656 córdobas.
El año pasado el monto promedio de las pensiones que paga el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social incrementó en un 4.7 por ciento, según indica el Anuario Estadístico 2014.
Según se explica en el decreto 12-2015, estos montos de las pensiones reducidas se establecieron vía reforma parcial del reglamento de la Ley de Seguridad Social hecho por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, durante la sesión número 291 realizada el pasado 12 de mayo de 2015, se explica en el considerando 3.
Según juristas consultados por LA PRENSA, esto implicaría que los montos establecidos no tendrían fuerza de ley, sino que solo formarían parte del reglamento de la Ley de Seguridad Social y no de la Ley de Pensión Reducida por Vejez para las personas aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
PENSIONADOS CELEBRAN
Alma Mendoza, vicepresidenta de la Unidad del Adulto Mayor (UNAM), aseguró que miles de ancianos celebran el incremento de la pensión reducida de vejez, ya que los montos en los rangos establecidos es casi similar a los que habían solicitado al Gobierno, pues la diferencia es de algunos centavos.
“Será a través de un decreto presidencial. En la reunión que tuvimos hoy (jueves) en el Seguro Social nos entregaron una copia para poder compartirla con nuestra gente. Ya teníamos conocimiento que nos iban a subir, pero hoy fue oficial”, declaró.
La asociación de ancianos propuso a mediados del mes de abril nuevos rangos al Gobierno a través de una propuesta de ley otorgar la pensión reducida de acuerdo con el salario mínimo de la industria manufacturera vigente hasta el 31 de agosto del 2015, establecido en 4,062.79 córdobas, y por el número de semanas cotizadas.
Los rangos y los montos económicos fueron excluidos de la ley por los diputados sandinistas, quienes dejaron a discreción de una comisión integrada por funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y directivos de la UNAM establecer los montos de la pensión reducida. Finalmente la Ley de la Pensión Reducida fue aprobada el pasado 11 de mayo.
SIN CLARIDAD EN FINANZAS
En cuanto a si el aumento de la pensión reducida afectará las finanzas del INSS, Jorge Toledo, especialista en Seguridad Social, dijo que los estados financieros del Seguro Social no reflejan la verdadera posición financiera de esta institución porque hay un “revoltijo” en las cifras.
“Los estados financieros del Seguro Social sirven para ocultar operaciones raras que van a aparecer como aparecieron en Guatemala y están apareciendo en Honduras. Con excepción de Costa Rica, el resto de las entidades de Seguridad Social, incluida Panamá, son mal llevadas y los Gobiernos las tienen como caja chica”, refirió Toledo.
