El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) coincidieron en que la sentencia y pena impuesta el miércoles por el juez Ernesto Rodríguez al empresario Milton Arcia lleva el mensaje de silenciar a toda aquella persona que intente criticar a un funcionario público.
La sentencia es otra demostración de la “muerte cívica” en que el Gobierno ha llevado a Arcia para silenciar su voz, dice el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, quien considera que esta sentencia se asemeja a la situación sufrida en marzo pasado por el médico militar Yader Nicolás Montiel Meza, en referencia al proceso judicial que este enfrentó por el delito de falta contra el decoro militar del Ejército de Nicaragua, por emitir juicios tras la represión policial en El Tule, el 24 de diciembre de 2014 contra los protestantes del Canal Interoceánico de Nicaragua.
Carrión coincide con el responsable de proyectos de la CPDH, Denis Darce, en cuanto a que ni siquiera debió efectuarse el proceso contra Arcia.
Darce indicó que este caso sienta un precedente muy negativo en cuanto al ejercicio de los derechos ciudadanos.
“Es como la penalización del ejercicio ciudadano a la libertad de crítica y denuncia”, manifestó Darce.
Rodríguez impuso a Arcia una pena de ochenta mil córdobas, tras declararlo culpable por los delitos de injurias y calumnias en contra del funcionario de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Denys Hurtado.
“Aunque le hubieran impuesto un peso (córdoba), esa acción era improcedente ¿por qué? Porque ¿cómo va a terminar él (Arcia) como injuriador, si casi fue muerto (…)? Es decir, una persona en el acto destructivo, en la atrocidad que ha sufrido”, cuestionó Carrión.
Ejerció su derecho
Gonzalo Carrión criticó que a Milton Arcia le han confiscado sus bienes patrimoniales. Pero lo más grave “es de que le están confiscando hasta su derecho de vivir en dignidad, que se expresa en decir no acepto ese atropello; lo repudio y eso es como lo más fundamental”.
Por su parte, Denis Darce recordó que “la crítica en contra de los funcionarios públicos y sus actuaciones están respaldadas constitucionalmente y por tanto es un derecho ciudadano denunciar y criticar aquellas actuaciones que consideren están perjudicando su derecho o sus intereses”.
Sin embargo, Arcia fue procesado por reaccionar responsabilizando a funcionarios públicos, después de que su propiedad en Moyogalpa fue allanada de forma violenta.
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