En la sociedad contemporánea se ha suscitado un intenso debate en torno al matrimonio, a causa de la beligerancia de grupos organizados de homosexuales, lesbianas y transexuales que reclaman al Estado el reconocimiento del derecho a la convivencia entre personas de acuerdo con sus preferencias sexuales. Dichas personas pretenden que esta cohabitación genere efectos jurídicos similares a los que disfrutan los contrayentes en un matrimonio civil.
Para comenzar, es preciso establecer una diferencia fundamental entre el matrimonio civil, que oficia un funcionario público autorizado por el Estado, y aquél cuyo celebrante es un sacerdote o ministro de alguna denominación religiosa. En el primer caso, estamos en presencia de un acto oficial regido por disposiciones del código civil, que generalmente lo define como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen por toda la vida para formar una familia y brindarse mutuo auxilio. Conviene, por lo tanto, diferenciar entre los efectos civiles y religiosos del matrimonio, en el entendido que solamente el matrimonio civil genera deberes y obligaciones en el plano jurídico.
Quienes adversan o rechazan la creación de un vínculo jurídico —como en el matrimonio civil— entre individuos de un mismo sexo arguyen que la legislación establece taxativamente que el término se aplica al acto que une a un hombre y una mujer, al igual que quienes se oponen por motivos religiosos, puesto que los textos bíblicos mencionan específicamente al hombre y a la mujer como sujetos aptos para contraer matrimonio.
La pretensión de estos grupos minoritarios se basa exclusivamente en consideraciones de tipo legal, ya que alegan que la Constitución Política y las leyes consagran el principio de la igualdad de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, al menos en los Estados que se rigen por un sistema auténticamente democrático, en el que gobierna la mayoría pero se respeta y protege a las minorías. De otra manera, estaríamos en presencia de un sistema discriminatorio en el que habría ciudadanos de segunda clase: aquellos segregados por motivaciones políticas, religiosas o de otra índole. Los interesados afirman que el Estado de Derecho es de naturaleza laica y garantiza la libertad de conciencia.
Si bien en el plano jurídico podemos concordar con quienes así opinan y aceptar que las minorías tienen derecho a reclamar la protección del Estado para que este les reconozca la potestad de convivir legalmente con alguien de su libre elección, también debemos rechazar que estas uniones sean plenamente asimilables o comparables al matrimonio civil.
En un Estado democrático, la libertad de conciencia supone el respeto por aquellos que profesan otros credos o bien se declaran agnósticos o ateos. So pena de ser catalogados como fanáticos intransigentes tipo yihadistas del Estado Islámico, que mutilan y asesinan sin miramiento a quienes consideran “infieles” (léase creyentes o practicantes de otras religiones), quienes profesamos la fe cristiana no podemos negar el reconocimiento de derechos civiles a aquellos ciudadanos que no comparten nuestras creencias. Lo que corresponde es reformar el código civil para agregar una nueva categoría o tipo de unión que consagre el derecho y la protección de estos grupos para convivir legalmente, de manera similar como el Estado reconoce las uniones de hecho estables.
La fortaleza del Estado de Derecho radica en el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes a todos los ciudadanos y en el respeto absoluto de la dignidad de la persona humana sin discriminaciones de ningún tipo. Esto se sintetiza en lo expresado por Benito Juárez, Benemérito de las Américas: “el derecho al respeto ajeno es la paz”.
El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en Chile.
