La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) finalmente notificó hasta la semana pasada la respuesta que brindó Nicaragua, por medio del procurador general de la república, Hernán Estrada, a un silencioso proceso en contra que enfrenta el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega por la desaparición durante su primera gestión como mandatario en la década de los ochenta, del excoronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes.
Este proceso inició en mayo del año pasado, cuando el organismo regional le comunicó al Gobierno de Nicaragua que respondiese la denuncia hecha ante esta instancia por los hijos del coronel Silva Reyes, que fue interpuesta hace diez años. La decisión de acudir a la CIDH —organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA)—, se debió a que los familiares aseguran que en Nicaragua no tuvieron acceso a la justicia para que esta investigara con profundidad el caso de la desaparición del coronel Silva Reyes, ocurrida en 1983.
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LA PRENSA llamó al móvil del procurador Estrada para conocer los detalles de la respuesta que presentó esta instancia ante la CIDH y por qué mantienen oculto el proceso, pero la llamada era cortada luego de repicar un par de veces.
El proceso de la CIDH establece que debe remitir la denuncia presentada por los hijos del coronel Silva Reyes, para que el Gobierno responda y presente sus observaciones a dichos señalamientos. De acuerdo con la documentación consultada, el proceso está registrado como P-666-05.
DECLARAR INADMISIBLE
La respuesta de la PGR en esencia pide a la CIDH que declare inadmisible la denuncia en contra del Estado debido a que esta no tiene pruebas documentales que la sustenten, que no existe registro que entidades jurídicas como el Ministerio Público y la Policía Nacional hayan investigado el caso y que el procedimiento llevado a cabo por los denunciantes no fue el correcto, al no agotar el proceso con ninguna instancia del sistema judicial nicaragüense.
Con este informe presentado por Estrada, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada Colindres, envió una carta a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, en la que le pide admita el informe de la PGR como un elemento de prueba definitivo y se cierre el proceso.
Por este mismo caso, los hermanos Silva Reyes demandaron en una corte de San Diego en enero del año pasado al presidente Daniel Ortega y funcionarios sandinistas de la década de los ochenta. El mandatario fue defendido en carácter privado por un bufete de abogados estadounidenses entre los que forman parte del equipo jurídico de Nicaragua en los procesos que enfrenta en La Haya. El juez de San Diego determinó que no tenía competencia jurídica para juzgar este hecho.
“Cuando más bien deberían de respetar y proseguir con sus obligaciones internacionales de investigar, arrestar, procesar y castigar a los miembros de su Gobierno que cometen esos crímenes, ellos siempre quieren encubrir sus crímenes y dejarlos sin tener que enfrentar un proceso jurídico. Es lo que siempre hace el Gobierno de Nicaragua con estos casos”, dice la carta.
HERMANOS REFUTAN
En una carta enviada a LA PRENSA, los hermanos José Ramón y Aníbal Silva Reyes refutaron los argumentos presentados por la Procuraduría ante la CIDH.
“Cuando más bien deberían de respetar y proseguir con sus obligaciones internacionales de investigar, arrestar, procesar y castigar a los miembros de su Gobierno que cometen esos crímenes, ellos siempre quieren encubrir sus crímenes y dejarlos sin tener que enfrentar un proceso jurídico. Es lo que siempre hace el Gobierno de Nicaragua con estos casos”, dice la carta.
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