El subdirector de la Policía, comisionado general Francisco Díaz, ofreció declaraciones a los medios oficialistas sobre los primeros siete días del plan de reforzamiento a la seguridad.
Mencionó que en las asambleas que ha realizado la primera demanda de la población ha sido mayor presencia policial.
Por ello dijo, el plan incluye la integración del setenta por ciento de las fuerzas policiales.
A la fecha han ocupado 83 armas de fuego, 265 cortopunzantes y han detenido a 295 personas por faltas y delitos, de ese total 25 estaban circuladas. También implicó la cobertura de 597 tramos de carreteras y 594 puntos críticos protegidos.
[/doap_box][doap_box title=”” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]138 es el artículo de la Ley 431 y sus reformas, en el cual se ha basado más la Policía para retener los vehículos y remitirlos a los depósitos vehiculares, donde se critica que ha habido anomalías.[/doap_box]
Después de varias semanas de críticas por las arbitrariedades cometidas por los agentes de Tránsito, el jefe de esa especialidad, comisionado mayor Roberto González, apareció para explicar las causales de retención de vehículos y el traslado de los mismos a los depósitos vehiculares, según la Ley 431 y sus reformas.
Sin embargo, el funcionario en ningún momento explicó los motivos por los cuales a los conductores multados les cobran el pago de la grúa, cuando en la mayoría de las veces son ellos mismos quienes llevan sus vehículos hasta el depósito, situación que ha sido uno de los orígenes de las críticas.
Desde la semana pasada LA PRENSA consultó al vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, por las denuncias de constantes abusos, pero en ese momento argumentó que debía investigar para referirse al tema.
Ayer en una nota publicada en la página web de la Policía aparece la información de una conferencia de prensa ofrecida por González a medios oficialistas y afines al Gobierno, en la que sugiere a todos los conductores leer los artículos 133, 138 y 139, contemplados en la Ley 431 y sus reformas.
El funcionario justificó que muchos conductores violentan la Ley 431 y sus reformas, motivo por el cual los reguladores retienen los vehículos y los trasladan a los depósitos.
“Estamos obligados los conductores a conocer la ley, conocer nuestras obligaciones y nuestros derechos; si hay bastante educación en cada conductor, si sabemos conducir, no tendremos problemas con la Ley”, afirmó González.
Son tres los artículos de la Ley 431 y sus reformas en los que González basó sus alegatos para justificar las acciones que en los últimos días les ha valido críticas de diferentes sectores, por considerar que han sido meramente recaudatorias y que desde un inicio de publicadas las reformas diferentes sectores advirtieron que las mismas, no tenían como fin disminuir los accidentes de tránsito, sino mayores ingresos.
En LA PRENSA del 27 de febrero el concejal del Partido Liberal Independiente (PLI), Alfredo Gutiérrez, criticó que han observado en diferentes medios de comunicación los “excesos” cometidos tanto por el cobro indiscriminado por el uso de las grúas y los llamados “cargos administrativos”, que en ninguna parte de la ordenanza municipal estipulan estos “cargos por servicio”.
Y es que en su mayoría los denunciantes han asegurado que les han cobrado trescientos córdobas por el uso de la grúa, que nunca utilizaron, cuando, por ejemplo, en el caso de una motocicleta retenida ahí, lo que la ordenanza establece es el pago de treinta córdobas por día.
La reacción oficial ocurre tres meses después de las múltiples críticas y dos protestas escenificadas por motorizados en lo que va del año, que iniciaron con las denuncias por las altas multas aplicadas, abuso de autoridad y cobro ilegal por el uso de la grúa que no ha utilizado. Y un día después de que el vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Filiberto Rodríguez, descartó la posibilidad de que esa Comisión promueva que la jefatura policial sea interpelada.
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