Empresas y gobierno mexicano violan derechos de indígenas; simulan consultas para imponer megaproyectos

Por: Edgar Rosas / 30 julio, 2015

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(30 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La implementación de los megaproyectos en diversas partes del país ha tenido como factor común violentar los derechos de las comunidades indígenas, esto en aras de imponer las obras y despojar de las tierras a las poblaciones que se resisten a aceptar esta clase de proyectos-calificados como de muerte- en sus terrenos.

Al respecto, existen casos emblemáticos como el de la Tribu Yaqui, o más reciente como el de la comunidad de Xochicuautla, quienes a pesar de expresar su rechazo a los proyectos que se intentan desarrollar en sus territorios, el gobierno y privados realizan acciones que apuntalan el despojo para así poder realizar las obras.

En este sentido, Edmundo del Pozo, investigador de Fundar centro de análisis e investigación, manifestó que el gobierno mexicano, junto con las empresas, violenta de manera sistemática el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades. Dijo que luego de poder acompañar a diversas comunidades en la defensa de su territorio han podido constatar que existe este patrón en la violación del derecho a la consulta con el objetivo de legalizar el desarrollo de los proyectos.

“En Fundar hemos acompañado a la Tribu Yaqui en su lucha, también estamos acompañando a la comunidad de San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla que está en lucha contra el intento de imposición de un proyecto hidroeléctrico. Además estamos asistiendo al pueblo zapoteca de Juchitán que está en resistencia ante el intento de imponer un proyecto eólico. Después de acompañar estos casos hay una conclusión, y es que existe un patrón de violación del derecho a la consulta de forma sistemática y reiterada a las comunidades indígenas”, expuso.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, recordó que el derecho a la consulta se encuentra consagrado en el convenio 169 de la OIT, sin embargo, dijo, en nuestro país a lo largo de 20 años se han implementado proyectos que afectan a los pueblos indígenas sin respetar el derecho a ser consultados.

Del Pozo añadió que en el actual contexto, el gobierno mexicano realiza simulaciones de consultas, que le permitan cumplir con el trámite y emprender los proyectos. Dijo que esta acción es violatoria de los derechos de las comunidades indígenas, por lo que los pueblos originarios han iniciado resistencia.

“El gobierno quiere realizar estas consultas, pero las hace de esta forma en donde evidentemente es una simulación, que lo que busca es legalizar el proyecto; pero busca validar los proyectos después que los permisos han sido otorgados a las empresas, por lo que realmente no tienen ninguna credibilidad por parte de las comunidades y no es que lo digamos nosotros, sino que las propias comunidades dicen ‘basta de engaños, vamos  a ejercer nuestra autodeterminación’, oponiéndose a estas consultas simuladas o haciendo una auto consulta como el caso de la comunidad zapoteca de Juchitán”, explicó.

Aunado a lo anterior, manifestó que la manera de actuar del gobierno se ha caracterizado por primero entregar los permisos para el desarrollo de los megaproyectos y luego emprender las consultas, que en algunos casos terminan siendo simulaciones.

“Ese es el patrón sistemático: la violación al principio de consulta previa, hay que decirlo así. En el caso de la Tribu Yaqui la sentencia de la SCJN así lo evidencia: no se consultó a la comunidad cuando ya el proyecto estaba aprobado. En el caso de Juchitán, hay permisos como la autorización de impacto ambiental que también fue aprobada y sin consentimiento del pueblo; y en el caso de la Sierra Norte de Puebla, en la comunidad de San Felipe Tepatlán y otros municipios que están afectados por el proyecto hidroeléctrico de Comexhidro, donde el permiso de autoabastecimiento de electricidad, el permiso de autorización de impacto ambiental, permiso de uso de suelo, todos se han ido otorgando y apenas están haciendo la consulta que también han demandado es una simulación”, indicó.

Al respecto hizo mención sobre los señalamientos que indican que una vez que se implemente a fondo la reforma energética, las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas se incrementarán. Enfatizó que esta situación ha sido demandada por la organización que representa, no sólo a nivel nacional sino en foros internacionales. Además indicó que la reforma energética violentó los derechos de las comunidades indígenas desde su construcción, pues, subraya, los pueblos  tuvieron que haber sido consultados antes de su aprobación, en virtud que lo contemplado les afecta.

“Participamos en una audiencia ante la CIDH sobre los impactos de la reforma energética y ahí se denunció que la primera violación fue no haber consultado a las comunidades ante la promulgación de esta reforma,  porque esta reconoce explícitamente la afectación a los derechos a la tierra y el territorio de las comunidades, porque dice que va haber ocupación superficial de las tierras y los territorios, y ese proceso se aprobó de forma muy rápida, expedita y no se consultó a las comunidades, no pudieron ejercer su derecho a la participación”, apuntó.

Añadió que además en la construcción de las leyes secundarias de esta reforma se cae en una contrariedad, pues se encarga a la SENER realizar las consultas sobre el consentimiento de los pueblos, cuando esta secretarias es la impulsa los proyectos.

“Muchas han dicho que con lo anterior hay un conflicto de interés de la propia SENER y además las asignaciones de la ronda cero y uno se han dado ya en población indígena, en diversos pueblos indígenas y tampoco se ha consultado a las comunidades. Entonces te das cuenta que la reforma en su conjunto ya está afectando y violentando desde el propio proceso de aprobación, la regulación y de cómo se está implementando, los derechos de las comunidades. Entonces es un patrón sistemático, no es que ahora estén empezando a violar sino el mismo proceso ha sido violatorio de las comunidades”, dijo.

En lo referente recordó que en la reforma se estipuló como prioridad el uso de territorio para actividades energéticas. Manifestó que esta disposición viola derechos de los pueblos, puesto que  en la Constitución se reconoce que los pueblos tendrán acceso preferente al uso del territorio.

“Artículos de la ley de hidrocarburos, de la ley de electricidad, implican o reconocen que como estas actividades son de utilidad pública, o de interés social, tienen preferencia sobre cualquier uso del territorio, esto es violatorio de los propios derechos de los pueblos indígenas, reconociendo en el convenio 169 de la OIT. En la Constitución se dice que los pueblos tendrán un acceso preferente al uso y goce de su territorio y sus recursos naturales. Entonces esta regulación en sí misma ya implica una afectación a los pueblos y comunidades porque están diciendo que estas actividades estarán por encima de los derechos y por tanto sólo por haber implicado eso tendría que haber sido consultadas las comunidades, como establece el convenio 169 de la OIT, recordemos que dice que cualquier medida administrativa y legislativa susceptible de afectación a las comunidades tendría que ser consultada”, sentenció.

Edmundo del Pozo se refirió al caso de la Sierra Norte de Puebla, calificados por algunos como el laboratorio en donde se está probando la implementación de la reforma energética. En este sentido, del Pozo señaló que esta región es un botón de muestra que permite vislumbrar la gama de megaproyectos que se pretende impulsar en el país.

“Sin duda la Sierra Norte es un botón representativo de la gama de megaproyectos, que las organizaciones, las comunidades, les llaman proyectos de muerte. Sobre todo ese territorio hay muchas hectáreas concesionadas a empresas mineras, hay diversos proyectos hidroeléctricos, hay explotación petrolera, hay fracking. En esta región el trabajo de Fundar ha sido en medida de sus capacidades, de sus posibilidades de acompañar algunos casos que están en una situación más crítica donde estos proyectos están a punto de implementarse”, expuso.

A pesar de lo anterior, dijo, las comunidades de esta región han emprendido una lucha loable para defender su territorio. Mencionó que en algunas comunidades se han logrado sacar a empresas que ya se instalaban.

“Hay que decir que a la par de toda esta serie de megaproyectos que han inundado la Sierra Norte también hay una respuesta que ha sido muy contundente de las organizaciones a nivel local, de las propias comunidades ejerciendo directamente su autodeterminación. Ahí se expulsó una minera China en el caso de Zautla; y en el caso de Olinalá se expulsó a un proyecto hidroeléctrico, sin apelar a cuestiones más jurídicas.

“Entonces a la vez que ha aumentado esa capacidad del capital y las empresas de inundar la Sierra Norte también han recibido una respuesta por parte de las comunidades. En estos momentos estamos acompañando el caso del municipio de Ixtacamaxtitlán, que está afectado por una minera canadiense. Estamos acompañando a la comunidad de Tetela de Ocampo que se enfrenta a un proyecto minero de Frisco, y estamos acompañando el proceso de defensa de San Felipe Tepatlán y otras comunidades afectadas por el proyecto de las empresas Comexhidro”, apuntó.

Por otro lado, enfatizó que el hostigamiento y persecución de estas comunidades que defienden el terreno es grave. En este sentido puso como ejemplo el caso de la Tribu Yaqui donde dos de sus líderes-Mario Luna y Fernando Jiménez- se encuentran presos y mientras Tomas Rojas cuenta con una orden de aprehensión.

“En el caso de Juchitán los representantes de las asambleas de pueblos indígenas han sufrido la persecución de los grupos políticos locales, han tenido que activar el mecanismo de defensores de DD.HH. ante las amenazas, que tampoco han funcionado. En el caso de la Sierra Norte, hay una serie de actos, de amenazas, de descalificaciones desde la propia empresa, desde los gobiernos locales de Puebla, como por parte del propio gobierno federal, que han descalificado a ciertos grupos que han decidido oponerse a estos proyectos”, mencionó.

Al respecto expresó su preocupación ante el escenario que está por venir, pues, dijo, el escenario que esta dibujado permite un incremento en los actos de represión, persecución y hostigamiento contra las comunidades que defienden sus recursos.

“El incremento en la persecución va a venir porque las políticas públicas, el marco legal mexicano, lo que está ofreciendo es el territorio de los pueblos, las comunidades al capital y frente a eso las comunidades resistirán, como han resistido desde hace miles de años en el territorio mexicano. Resistieron la conquista, la propia invasión imposición del Estado mexicano que intento invisibilidad a las comunidades y ahora están recibiendo una tercera embestida del capital que están afectando su territorio. Entonces por el panorama, por las leyes y marcos que hoy existen en México lo que evidencia es que va haber un recrudecimiento y lamentablemente lo mecanismo de protección de estos defensores de territorio son débiles”, señaló

Por ultimo lamento el hecho que en el país “para quienes violan los derechos, que son las empresas y el estado mexicano, ahí no hay consecuencias legales, pero cuando las personas defienden el territorio, defienden sus derechos, entonces ahí si son delincuentes. Es lamentable este panorama, donde empresas y gobierno se unen para impulsar los proyectos”.

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