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El ex secretario de salud de Bogotá y hoy alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, está cerca de cumplir una de las promesas que le hizo a los tolimenses: abrir las urnas para que se manifiesten a favor o en contra de la minería a gran escala en su territorio.
El Tribunal Administrativo del Tolima acaba de aprobar la consulta popular que impulsa Jaramillo según informó el periódico local elolfato.com. De acuerdo a la nota de prensa publicada por este medio, la sala de decisión votó este jueves y el fallo se conocerá el próximo lunes dos de mayo. El medio local sustenta su noticia en tres fuentes de entera credibilidad.
El tribunal habría considerado como válidos los argumentos planteados por la Alcaldía de Ibagué, Cortolima, la ONG Dejusticia y los senadores Claudia López y Antonio Navarro, entre otros actores que apoyaron la iniciativa ambiental. Desde que Jaramillo radicó un proyecto de acuerdo en el Concejo de la ciudad para que se realizara la consulta, la Procuraduría manifestó su oposición y, por supuesto, la principal empresa interesada en la explotación de oro en la mina La Colosa, en Cajamarca, la Anglogold Ashanti Colombia.
Una vez el tribunal confirme su fallo, la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá un mes para organizar la consulta popular. El mejor antecedente de este proceso lo vivieron los habitantes del municipio de Piedras, también en Tolima, pioneros en reclamar el derecho a decidir la vocación de su territorio y el modelo de desarrollo que querían.
En Ibagué se necesitarían más de 130 mil votos para que la iniciativa prospere (la tercera parte del censo electoral). Según el proyecto propuesto por Jaramillo, a los habitantes de Ibagué se les formularía la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio?
La ONG Dejusticia, quien ha seguido de cerca el proceso, ha argumentado que las consultas populares son competencia de los alcaldes y concejos; que quienes tienen la competencia de aprobar las consultas son los concejos municipales; también ha recordado que la Corte Constitucional ha emitido dos fallos defendiendo la autonomía de los municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales frente a asuntos mineros; también lo ha hecho el Consejo de Estado; y por último, la realización previa de dos consultas, como la de Piedras y Tauramena, representan antecedentes que sustentan la realización de una prueba similar en Ibague.
Ahora parece que la decisión estará en manos de los ibaguereños.