La Ley de Seguridad Ciudadana castiga (por la puerta de atrás) a las prostitutas

Tres visitas de la policía en mes y medio. Los agentes acuden a los locales donde trabajan algunos de los y las cooperativistas, preguntan a todos si están dados de alta como tales, y, tras verificar sus papeles, se marchan. Siempre "cordiales", según reitera Jaume Bonet, coordinador de Sealeer, la primera cooperativa de trabajadores del sexo española. Nació en Ibiza el año pasado y suma ya cien altas en la Seguridad Social, entre mujeres y hombres, lo que les permite eludir la situación de alegalidad o ilegalidad (según dónde se ejerza) que acompaña la prostitución. Sin embargo, la puerta legal y laboral que ha entreabierto esta iniciativa vuelve a toparse con la realidad jurídica de este país: la Ley de Seguridad Ciudadana -rebautizada en algunos sectores como 'ley mordaza'- que ha aprobado el Congreso castiga no sólo a los clientes, sino también a las prostitutas que negocian en las calles, como hacen muchos de los cooperativistas. Aunque, eso sí, lo hace de una forma un tanto retorcida.

La ley, contra la que ayer sábado se manifestaron miles de personas en distintas ciudades, comenzó su polémica andadura sancionando como infracción grave, en el ámbito de la prostitución, "el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos" en ciertas zonas (lugares de uso de menores, carreteras...). Es decir, castigaba a prostitutas y clientes. Han pasado los meses, y el articulado cambió, limitando aparentemente el castigo a los clientes, como sucede en Suecia y propugna la corriente del nuevo abolicionismo. Aparentemente.

Desobediencia y resistencia a la autoridad

El artículo 36.11 del texto salido ahora del Congreso tipifica como infracción grave (de 601 a 30.000 euros) "la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos" en los lugares antes mencionados. La sanción, de quedarse ahí, sería para el cliente, pero el caso es que en un segundo párrafo, la ley añade: "Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la persistencia podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo". El párrafo 6 estipula, de nuevo, una infracción grave, en este caso por "desobediencia" o "resistencia a la autoridad". Es decir, las prostitutas son igualmente castigadas, o al menos se deja abierta esa posibilidad.

La Ley contraviene de esta forma la última resolución del Parlamento Europeo sobre el tema -que subraya que no debe penalizarse a quienes ejercen la prostitución y pide la derogación de toda legislación represiva- y recomendaciones de algunas asociaciones y expertos, como las recogidas esta misma semana por el proyecto Indoors, subvencionado por la UE, que alerta de que la criminalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de quienes lo ejercen.

Vídeo: "Igualdad de derechos", del Proyecto Indoors.

Abocadas a los clubes

Además, la norma ha tenido la 'virtud' de poner de acuerdo (en su contra) a sensibilidades contrarias respecto al tema de la prostitución. Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición y partidaria del castigo al cliente, recuerda que cuando se comenzó a barajar el proyecto de ley fueron a visitar a los distintos grupos políticos, "y hubo un gran consenso, incluido el PP, en que las mujeres no iban a ser sancionadas. Es inadmisible. La prostitución no se puede abordar desde la sanción, sino desde la asistencia y la oferta de alternativas. La sanción sólo agrava la situación de la mujer prostituida". Para el colectivo Hetaira, que defiende la normalización del trabajo de las prostitutas, la ley es un nuevo ejemplo "de hipocresía y de maquillaje de la realidad: es algo que podrían firmar muchos sectores, porque parece que no se persigue a las prostitutas. Sin embargo, las empuja a los clubes o a la pobreza, si no entran dentro de los parámetros que los clubes quieren", según explica su portavoz, Mamen Briz.

Glòria Poyatos, jueza decana de Lanzarote, pone el acento en que la prostitución libre es legal, con lo que sancionar su ofrecimiento, solicitud o negociación vulnera la libre elección de trabajo y la libertad de empresa. Y añade: "Y no se ofrecen alternativas. Se las lleva a lugares ocultos donde será más fácil que sufran agresiones y violaciones".

La nueva ley se suma a una legislación en torno a la prostitución que se resume, sobre todo, en un mapa variopinto de ordenanzas municipales. Mientras, en Ibiza, los policías y los trabajadores del sexo mantienen una relación hasta tal punto cordial que, según narra el coordinador de la cooperativa de trabajadores de sexo, Jaume Bonet, los propios agentes han informado a varias prostitutas de la existencia de esta asociación para que puedan legalizar su situación.