Wert rechaza las críticas sobre la reducción de los grados universitarios a tres años

"Interpretación incorrecta" del Sindicato de Estudiantes

Por lo tanto, el ministro se ha mostrado contrario a la mayor parte de las apreciaciones que se han formulado para rechazar este real decreto, del que ha dicho que más que denominarse "3 más 2" sería "más bien 4 menos 1", puesto que a los actuales grados de cuatro años se les resta uno, pero no significa que necesariamente un grado haya de ir acompañado de un máster de dos años.

“Wert dice que el modelo de grados debería denominarse "4-1" en lugar de "3+2"“

Preguntado sobre la huelga que el Sindicato de Estudiantes ha convocado para los días 25 y 26 de febrero contra los nuevos grados universitarios de tres cursos, Wert ha negado que éstos vayan a suponer una menor empleabilidad que los antiguos de cuatro años.

"Sus argumentos parten o de una mala lectura o de una interpretación incorrecta" del decreto, ha señalado el ministro. "Lo digo con franqueza y sin ningún ánimo descalificatorio", ha añadido.

También ha calificado de "error" el asimilar que los conocimientos en nuevos grados de tres años vayan a ser menores que en los actuales de cuatro años.

Sobre esta cuestión, varios rectores de universidades andaluzas se han referido a las dificultades de aplicar la reforma que permite implantar carreras de tres cursos que requieran de másteres de dos años debido a que las tasas de matrícula del posgrado son más altas que las de grado.

Los rectores de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano; de la también sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán, y de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz, han apuntado a una rebaja de las tasas de máster para igualar sus precios a los de los grados a fin de evitar que la implantación del decreto '3+2' genere desigualdad.

Ninguno de los tres rectores se ha mostrado contrario a la posibilidad de implantar grados de tres años respetando los plazos propuestos por la moratoria de la Conferencia de Rectores de Universidades Española (CRUE), que posponía la implantación efectiva de grados de tres años hasta el curso 2017-2018.

Los rectores, favorables al debate sobre financiación

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro ha respondido también acerca de la necesidad de un debate sobre la financiación de las universidades como señaló la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, el pasado lunes en la Conferencia Sectorial de Política Universitaria.

Según el ministro, este debate se ha de producir "sobre el trípode institucional de las universidades, las comunidades autónomas como financiadoras principales y también el Estado como responsable de una parte de la financiación como la determinación de las horquillas en las que puede moverse los precios".

En este sentido, el presidente de la CRUE, Manuel José López, se ha mostrado favorable a abrir este debate y ha asegurado que esta idea "ha estado siempre en su diálogo con el ministerio". Aún así, ha recordado que la financiación por objetivos que destacaba la secretaria de Estado "siempre ha formado parte del sistema universitario español, como es el caso de contratos programa ligados a objetivos".

"Esta financiación ha sufrido mucho durante la crisis y en muchos casos se ha reducido o eliminado. Pero estaríamos encantados de que se profundizara mucho más en ella", ha indicado.

La financiación de las universidades públicas españolas corre a cargo esencialmente de las comunidades y hasta ahora la mayor parte se relaciona con el número de alumnos, con algunas diferencias.