Hasta ahora, el intendente (gobernante) capitalino Daniel Martínez, un serio aspirante a la presidencia del país suramericano para las elecciones de 2019, según encuestas, había optado por chocar con la multinacional tecnológica, a la que le había atribuido una actitud "patoteril" (agresiva).
Montevideo. El gobierno de Montevideo, la capital de Uruguay, abandonó la estrategia prohibicionista sobre Uber (la aplicación que brinda el servicio de transporte entre particulares), y apuesta por una ambiciosa regulación que incluye el cobro de una tasa por kilómetro recorrido a este tipo de aplicaciones.
Hasta ahora, el intendente (gobernante) capitalino Daniel Martínez, un serio aspirante a la presidencia del país suramericano para las elecciones de 2019, según encuestas, había optado por chocar con la multinacional tecnológica, a la que le había atribuido una actitud "patoteril" (agresiva).
Sin embargo, las inspecciones que hacía el gobierno de Montevideo no impedían que Uber continuara funcionando, como lo hace desde noviembre de 2015.
Ese escenario molestaba a todos: los trabajadores y patrones de taxis, que denunciaban una competencia desleal, y los conductores y usuarios de Uber, que buscaban dejar la "ilegalidad".
Regulación
Todo cambió con el envío este mes de un proyecto de decreto a la Junta Departamental (órgano legislativo de Montevideo) que se propone la "regulación del transporte oneroso de pasajeros brindado por vehículos particulares y plataformas electrónicas".
Este texto legal se complementa con una iniciativa de ley enviada por el gobierno nacional al Congreso que brinda herramientas de sanciones en caso de que las aplicaciones tecnológicas incumplan con la normativa departamental.
El gobierno capitalino se propone crear un registro de los vehículos prestadores del servicio, de quienes tienen el permiso y de las plataformas electrónicas.
Por otra parte, como "los permisarios (quienes tienen permiso) están haciendo uso de un bien público como son las vías de circulación", deberán abonar a la comuna 1,70 pesos (unos US$0,06) por kilómetro recorrido en cada viaje.
La intendencia podrá fijar, además, tarifas máximas para el servicio.
Los conductores deberán contar con una libreta profesional, un seguro que cubra a los pasajeros y dar sus aportes impositivos y a la seguridad social.
En noviembre comenzó a operar en Montevideo la aplicación Cabify, que ofrece a sus usuarios transporte en automóviles remises (autos con chofer), autorizados por las autoridades municipales, según la firma de origen español.
También funciona la compañía Easy Taxi, conectando a conductores con usuarios del servicio.
El presidente del sindicato de taxistas (SUATT), Antonio Diez, denunciaba en septiembre que "Uber carga por todos lados" y "los taxistas están trabajando poco. El trabajo bajó de gran manera en este último mes.
Desde la asociación que reúne a los propietarios de taxis, Oscar Dourado reiteró su reclamo a las autoridades "que nos dieron los permisos y nos dieron la posibilidad de trabajar, que intervengan. A quienes generaron esas reglas que nosotros cumplimos desde siempre, que la misma regla que cumplimos nosotros la cumplan los demás".
Meses después del inicio de las operaciones de Uber, en febrero, una encuesta de Equipos Consultores señalaba que el 37% de los montevideanos opinaba que el servicio brindado por la compañía es "mejor o mucho mejor" que el de los taxis.
El 79% consideraba que Uber debería haber tenido autorización municipal previa a comenzar a operar y el 70% señaló que la intendencia debería dialogar con la empresa para que siga funcionando, pero de manera regulada.
La Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA), reclaman la regulación de la actividad y cuestiona las fiscalizaciones de la intendencia capitalina, que incluyen cuestionarios a los usuarios de la actividad.
El integrante de ACUA, Gerardo Sastre, indicó que los inspectores municipales "están al límite de lo legal", porque "al pasajero no se le puede cuestionar".
"Al proyecto lo vimos bastante viable, aunque discordamos con el tema del retiro de chapas (matrícula vehicular)", apuntó Sastre sobre el proyecto de regulación.
Para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien recibió a los representantes de ACUA, "cada intendencia deberá definir si autoriza o no una nueva forma de transporte y en qué condiciones. A partir de eso se verá si estos trabajadores son dependientes o independientes".
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se refirió al tema y dijo que "si Uber quiere trabajar en Uruguay" debe cumplir "con la normativa".
"Tenemos un país en serio, esto no lo inventó este gobierno ni el anterior ni el otro. Hay normativa de larga data y hay que respetarla", enfatizó y señaló que "dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley, nada".
