Mientras el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", al menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.

Fuentes policiales aseguran a EL MUNDO que en el informe en poder de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario considerado próximo a Chávez, que han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano.

Todos estos jerarcas venezolanos aparecen en la relación de clientes descubiertos en la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA), sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española. La actuación de Banco Madrid con éstos y otros clientes, como el mafioso ruso Andrei Petrov, ha sido remitida a la Fiscalía.

La investigación española va más allá de la información difundida el lunes por el FinCEN, la unidad antiblanqueo de Estados Unidos, y precisa con nombres propios que al menos parte de la cúpula del régimen bolivariano de Chávez aprovechaba su posición de poder para hacer negocios propios a espaldas de su pueblo. El duro informe estadounidense afirmó que "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano". No dio nombres, aunque sí aseguró que se trata de "una red que contó con BPA para depositar ganancias de corrupción pública".

Según fuentes policiales, entre los clientes de Banco Madrid figura el que fuera en la pasada década viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos. La investigación española le atribuye sociedades en Madeira e Islas Vírgenes y está considerado próximo al actual embajador de Venezuela en la ONU y presidente del gigante petrolero estatal, Rafael Ramírez.

El ex embajador de EEUU en Venezuela Otto Reich presentó una denuncia en 2013 en la que implicaba a -entre otros- Villalobos, por intermediar en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela. El ex viceministro lo negó, asegurando que ahora se dedica a labores de consultoría. Según la investigación, Villalobos ha recibido "pagos de consultoría" de la empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un contrato de 1.500 millones de euros en Venezuela.

Duro Felguera logró convertirse en contratista principal para construir la central de ciclo combinado con la que abastecer de energía a Caracas. El presidente de la empresa que tramitó la adjudicación, Electricidad de Caracas, y viceministro de Desarrollo Eléctrico era Javier Alvarado Ochoa. Este último aparece también entre los clientes de Banco Madrid y, al igual que Nervis Villalobos, figuró en la denuncia del ex embajador estadounidense. Según Reich, el hijo de Alvarado recibió sobornos que se materializaron posteriormente en adjudicaciones para el desarrollo eléctrico del país. Las fuentes policiales consultadas consideran inaudito que Banco Madrid no comunicara al Sepblac ni realizara un seguimiento especial de estos clientes. El consejo del banco y la propia entidad han sido expedientados por faltas graves y muy graves.

En el caso de los dirigentes venezolanos se considera grave que la entidad incumpliera el deber de comunicar al Sepblac, pese a que presentaban indicios de blanqueo en violación del artículo 52.1 h de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

En el grupo aparece también el empresario de seguros Omar Farias, considerado como una de las personas que se han enriquecido en el régimen gracias a las buenas relaciones con el equipo de Chávez. Farias administra en España la sociedad Inversiones Porbónica.

En las investigaciones del Sepblac, Farias aparece como un personaje clave con posibles cuentas B en el Banco Madrid relacionadas con posibles operaciones turbias del régimen en el exterior. La entidad española llegó a bloquear una operación de 13 millones realizada por Farias, pero no realizó investigación alguna, según las fuentes conocedoras del informe del Sepblac, que fue entregado el pasado lunes a los miembros de la cúpula de Banco Madrid.

La mezcla de negocios y contactos con el régimen está personificada también por otro cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de Seguridad del régimen. Borjas administra en España la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria y es además uno de los principales accionistas y consejeros de Constructora Girardot 53, una de las empresas agraciadas a finales de la pasada década con obras en el metro de Caracas, siendo Chávez presidente. La investigación en España examina la relación de Aguilera con empresas españolas que se adjudicaron obras importantes en el metro de Caracas.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CAF, Cobra, Constructora Hispánica y la compañía Dimetronic logró adjudicarse en 2008 un contrato para remodelar la línea 1 del metro de la capital por 1.400 millones de euros. El presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, figura entre los empresarios a los que el juez Ruz ha exigido fianza en el caso Gürtel.

También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco Madrid, el ex viceministro Alcides Rondón. Es uno de los casos en los que la entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de realizar un examen especial, tal como establece el artículo 52.1 g de la citada ley de 2010.

Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez. Esta gigantesca empresa venezolana, clave para la economía de su país, figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de fondos.

Al informe de Sepblac hay que añadir el ya concluido en el Banco de España tras una inspección realizada entre abril y junio del pasado año sobre el funcionamiento de Banco Madrid y que ha facilitado la remisión del caso a la Fiscalía.